Cuando un trabajador del ámbito privado debe ausentarse de sus tareas por enfermedad, la normativa uruguaya le otorga la posibilidad de acceder a un subsidio económico pagado por el Banco de Previsión Social (BPS). Para que esto ocurra, es necesario cumplir con determinadas condiciones, tanto médicas como laborales.
A continuación, repasamos los principales aspectos del sistema de certificaciones médicas y del subsidio por enfermedad.
El régimen que protege a los trabajadores privados frente a una enfermedad común se organiza en dos planos:
Es importante diferenciar estas situaciones de aquellas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que cuentan con un régimen propio y cobertura obligatoria mediante el Banco de Seguros del Estado (BSE).
Para que un trabajador dependiente tenga derecho a cobrar el subsidio por enfermedad debe cumplir con ciertas condiciones de antigüedad:
En caso de multiempleo, la certificación debe abarcar todos los puestos de trabajo a la vez, de lo contrario no se genera el derecho al cobro.
Un régimen especial se aplica a las trabajadoras grávidas, quienes acceden al subsidio desde el inicio del vínculo laboral, sin necesidad de contar con la antigüedad mencionada, dada la protección reforzada que la ley establece en este caso.
Además de los dependientes, también pueden estar amparados monotributistas, socios de cooperativas y otros colectivos incluidos expresamente, aunque allí los requisitos varían, siendo clave estar al día con las cotizaciones.
El subsidio equivale al 70 % de los ingresos gravados, sin incluir el aguinaldo. Actualmente, existe un tope de $64.911 mensuales, al que se suma la cuota parte de aguinaldo.
El cálculo se realiza sobre el promedio de lo percibido en los 180 días previos al último día del mes anterior al inicio de la certificación.
El beneficio comienza a pagarse a partir del cuarto día de ausencia. La única excepción es cuando el trabajador requiere internación: en ese caso, el pago rige desde el primer día.
El BPS efectúa la liquidación en forma automática, una vez que:
El proceso está totalmente digitalizado a través del Sistema Nacional de Certificaciones Laborales.
El trabajador debe concurrir a su prestador de salud, donde un médico constata el diagnóstico y determina el período de inactividad laboral. Esa información se ingresa directamente en el sistema, y de forma automática el empleador recibe un aviso electrónico para registrar el último día trabajado.
Si ese dato no se carga, el subsidio no se activa. Una vez completado el procedimiento, el BPS valida la certificación y efectúa el pago por el medio elegido por el trabajador.
El subsidio se puede cobrar hasta por un año consecutivo, con posibilidad de extenderse por otro año adicional. Si la certificación es discontinua, el plazo máximo de cobertura se extiende a dos años dentro de un período de cuatro, siempre que la causa sea la misma enfermedad.
Cumplido este plazo, el beneficio cesa y, según la situación médica, el trabajador podrá:
Durante todo el tiempo que dure la certificación, el trabajador mantiene su cargo y goza de protección especial contra el despido. Si la empresa lo cesa mientras está certificado o dentro de los 30 días posteriores a su reintegro, corresponde un despido especial con indemnización doble, salvo que el empleador demuestre que la desvinculación no está vinculada con la enfermedad.
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