¿Qué es una alerta roja y cómo se activa en Uruguay?

En Uruguay, la activación de una alerta roja responde a un marco legal y técnico establecido por la Ley N.º 18.621, que creó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) como un sistema público y permanente encargado de gestionar integralmente los riesgos. Esta Ley, junto con su reglamentación, define claramente qué es una alerta, quién la declara y bajo qué circunstancias se activa.

¿Qué significa declarar una alerta?

Según el Artículo 4 de la Ley 18.621 , una alerta es: “El estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento”. Esto significa que, cuando hay una alta probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar riesgos importantes, se declara una alerta para activar medidas preventivas y preparar la respuesta de las instituciones y de la ciudadanía.

¿Cuándo se activa una alerta roja?

La alerta roja es el nivel más alto dentro del sistema de alertas y se declara únicamente cuando existe un riesgo extremo e inminente para la población, el ambiente o la infraestructura. La resolución, adoptada por el mandatario actuando en Consejo de Ministros, establece que la declaración de alerta roja implica una limitación de la movilidad en las zonas comprendidas por la medida.

Servicios públicos y privados

Asimismo, dispone que todos los organismos del Estado "suspendan, mientras permanezca vigente la alerta, toda actividad asociada al riesgo derivado de las condiciones meteorológicas, sin que ello afecte la retribución de los funcionarios públicos". No obstante, la resolución prevé excepciones para los servicios públicos esenciales, como los vinculados a la salud, la seguridad y el monitoreo meteorológico. En esos casos, "cada jerarca deberá administrar la continuidad de las tareas considerando el riesgo para los funcionarios y para la población a la que se brinda el servicio", señala el decreto.

El Poder Ejecutivo también exhortó "a los distintos ámbitos de la actividad privada a adoptar los mismos criterios de suspensión de actividades que impliquen riesgos.